Frisco contra su primera denuncia

“Soy originario de Real de Asientos, vivo una parte en Aguascalientes y otra parte allá. Mi familia es de allá, todo mi arraigo es de allá. A mí me gusta mucho, allá crecí. Yo estoy convencido de que Asientos es un pueblo mágico. He vivido en otras partes pero siempre que llego a Asientos siento que estoy en casa”, dice Edgar Dávila, el primer habitante de ese municipio que ha interpuesto una denuncia ambiental contra Frisco.

El trabajo de Edgar, minado por la burocracia mexicana, comenzó cuando envío una solicitud de información al Ayuntamiento de Asientos –cuya respuesta llegó el 7 de febrero del 2017– por anomalías que observó en el municipio al que llama hogar.

“Yo empecé con esto porque veía ciertas afectaciones en el medio ambiente, en la geografía de Asientos y en la salud de las personas. Hay muchas personas que me decían que tenían alergias o que se cansan de respirar, o que ya no pueden salir a hacer ejercicio porque se cansan mucho y el medio ambiente ya está muy deteriorado”.

Dávila Araiza preguntó a la autoridad municipal si la empresa minera cuenta con los permisos ambientales pertinentes; si previo a las autorizaciones que le han entregado a Frisco se realizó un estudio ambiental que determinara el impacto en la zona; si la autoridad municipal prevé en sus planes de desarrollo alguna medida para mitigar el impacto ambiental y cuál era; qué porcentaje de la población económicamente activa residente del municipio subsiste de mediante un empleo de Frisco, qué tipo de trabajos realizan y cuánto les pagan; si la derrama económica de la actividad minera tiene un impacto positivo cuantificable en el desarrollo del municipio; y los montos por concepto de impuestos, pago de derechos, permisos o cualquier otra obligación han sido pagados al municipio.

Sólo le respondieron que por el pago del predial de Minera Real de Ángeles, Frisco pagó 177 mil 430.16 pesos en 2017. Las demás preguntas no fueron respondidas en su mayoría, porque no corresponden “al ambito de competencia de este orden de gobierno”.

“No he sido muy bien recibido en el municipio. Tuvimos una audiencia en el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (Itea) porque no me llenaba la respuesta que me dieron, pero son autoridades y yo creo que entre ellos se entienden, entonces no se logró que me respondieran nada.

“Después de eso fui a Semarnat, y me atendió un biólogo del que no recuerdo el nombre. Cuando fui me preguntaron porqué estaba interesado en eso. Me llegó un mensaje y yo lo que hice fue sacar mi celular para verlo y lo volví a guardar, y el biólogo luego luego me pidió que no lo grabara y yo le dije que no lo estaba haciendo, no entendí porqué le dio miedo eso.

En Semarnat me dijeron que el tema de inspeccionar las posibles irregularidades de la mina era facultad de Profepa, entonces fuimos a Profepa, ahí me preguntaron cuál era mi interés político o económico en el asunto, y eso me brincó”.

Tras su visita a delegación en Aguascalientes de la Profepa, Edgar contactó a la asociación civil Centro de Estudios sobre Derecho Ambiental Mexicano, radicada en la Ciudad de México.

Ahí, Jorge Ruíz Palomares, abogado de CEDAM, le ayudó a interponer una denuncia ambiental en las oficinas centrales de Profepa, misma que fue recibida el 27 de abril de 2017.

“Nosotros comenzamos con una denuncia popular, en esta denuncia expresamos hechos que están aconteciendo en Asientos, se denunció a grandes rasgos las consecuencias de esta actividad minera como contaminación de aire, de agua, de suelo”.

La industria minera es devastadora y si es a cielo abierto mucho más. México es un paraíso ecológico minero porque la regulación aquí permite muchas cosas que en otros países no se permiten. La gran mayoría de las empresas en Canadá que son mineras se vienen a trabajar en México porque en su propio país no pueden hacerlo, entonces si bien es cierto que se le permite porque así está la legislación, por lo menos podemos reclamar el derecho a que se respeten las condiciones ambientales y de salud de la población, que se cumpla realmente con las condicionantes que la Profepa le impuso para poder desarrollar este tipo de actividad, situación que no se está viendo.

“La minera al final sí es poderosa, le pertenece a uno de los hombres más poderosos del mundo y pues tienen miedo de eso”, dijo Ruíz Palomares en entrevista para esta investigación.

Tras recibirla, la Profepa radicó el asunto a su delegación en Aguascalientes y fue aprobado tiempo después, en junio de este año.

“La denuncia ya se admitió, es la primera que se ha admitido en cuestiones de actividades mineras en Asientos. El procedimiento es denuncia, admisión, investigación y ahí ya se van a orden de inspección, a emplazamiento, a alegatos y resolución. Nosotros estamos en la etapa de investigación.

“Carlos Méndez de la Breña, subprocurador de Profepa fue muy objetivo, nos dijo que la mina tiene un despacho de abogados reconocidos en la Ciudad de México y que ponen muchas trabas, pero que al final ellos cumplían con su trabajo. Yo supongo que trataron de impugnar una de las inspecciones que hicieron y no se logró”.

Para que Dávila pueda conocer los resultados de las inspecciones realizadas a la mina, primero se debe reconocer su interés jurídico para participar del tema, asunto que no le ha sido resuelto desde el 10 de julio que se realizó esta entrevista y hasta el cierre de la edición.

“Son dos documentos diferentes. Una cosa es el expediente de nuestra denuncia, pero cuando se inspecciona a la mina se genera otro expediente, y ese expediente es al que no podremos tener acceso hasta que a Edgar no le reconozcan su interés jurídico.

“Los términos empiezan a correr a partir de que se genera el acta de inspección, en donde le otorgan cinco días hábiles a la minera para que manifiesta a lo que su derecho corresponda y ofrezca pruebas a fin de desvirtuar los hechos asentados en el acta. De ahí la Profepa estudia el estudio y el acta, y si determina presuntas infracciones, entonces ya emite un acuerdo de emplazamiento, que es notificarle a la empresa que se ha iniciado un procedimiento administrativo en su contra por presuntamente violentar legislación ambiental y ahí tiene 15 días hábiles para poder desahogar ese acuerdo emplazamiento”, explicó Ruíz Polomares.

Edgar no está sólo, todos los sábados organiza pláticas ambientales en Asientos y cada vez es mayor el número de asistentes. Quiere crear una organización civil y a través de ella exigir a Minera Frisco que cumpla con la ley. Dice que no quiere que la mina se vaya del pueblo, sólo busca que no dañen a la gente. A pesar de haber recibido amenazas, no tiene miedo porque está ejerciendo su derecho como ciudadano.

“Por cuestiones de transparencia, cuando hice la solicitud puse mi correo y mi teléfono y empecé a recibir llamadas diciéndome que le bajara. Venían de un número oculto y otras veces de números del Distrito Federal. Traté de poner una denuncia pero en la Fiscalía me dijeron que no se había acreditado ningún delito. No sé si eran ellos, nunca mencionaron la palabra mina, pero me decían literalmente: párale a tu pedo, no te pases de la raya, te va a ir mal”.